Este viernes, la política de Castilla y León se despertaba sobresaltada tras conocerse la publicación de un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que aseguraba que la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox en la Comunidad podría vulnerar la legislación en materia de derechos humanos. Un informe que, además, instaba al Gobierno de España, que ha celebrado su publicación, a actuar frente a las normas que se están poniendo en marcha en este sentido en Castilla y León, en Aragón y en la Comunidad Valenciana.

El documento, elaborado de forma conjunta por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, concluía que la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, impulsada por PP y Vox, que busca derogar el Decreto de Memoria Histórica de 2018, vulneraría diferentes preceptos de tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por España.

En concreto, el informe afirma que la norma vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y advierte que la Ley de Concordia de la Comunidad va en contra de las recomendaciones realizadas para la creación de mecanismos en materia de memoria histórica y violaciones de los derechos humanos. Además, se advierte que podría "obstaculizar" el derecho a la libertad de asociación y "el derecho a conocer la verdad". 

Las reacciones en la Comunidad no se han hecho esperar. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado desconocer el contenido del informe pero ha señalado que Castilla y León "trata bien a todas las víctimas" mientras que el dirigente socialista, Luis Tudanca, ha exigido la "inmediata retirada" de la Ley de Concordia tras el informe de la ONU. También ha celebrado la publicación del documento la Asociación para la Recuperación para la Memoria Histórica (ARMH), que ha hecho hincapié en que el informe exige a la Junta "cumplir sus obligaciones hacia las víctimas del franquismo", mientras que Vox ha tachado de "burda estafa publicitaria" el documento y ha recordado que "no es de la ONU sino de tres relatores".

El informe hace referencia a las tres normas de concordia en general, las de Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana, pero también cuenta con un apartado dedicado específicamente a la Ley de Concordia de la Comunidad, donde detalla los motivos por los que considera que la proposición de ley autonómica vulnera la legislación internacional en materia de derechos humanos.

No incluye la palabra 'dictadura', no hay "condena expresa" al franquismo y las asociaciones no tienen rol consultativo 

En el informe de la ONU se recuerda que en el mes de abril de 2018 la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto 9/2018 de Memoria Histórica y Democrática, bajo el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera. A continuación, se detalla que en marzo de 2024, los grupos parlamentarios Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León presentaron una proposición de Ley de Concordia ante la Cámara que, de ser aprobada, derogaría el Decreto de Memoria Histórica de 2018.

El documento señala que, a diferencia de la Ley de Memoria Democrática estatal y del Decreto autonómico de 2018, la Ley de Concordia "suprime la palabra dictadura para referirse al periodo histórico del franquismo, y no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978". "La proposición de ley amplía el alcance histórico de la normativa vigente, que actualmente se circunscribe a las víctimas de la guerra civil española y la dictadura, extendiéndolo a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978", añade el informe.

Además, señala que la proposición de ley "crearía una Comisión de Exhumaciones con competencia para resolver las solicitudes de localización y exhumación de restos de víctimas del periodo 1931-1978". "La Comisión de Exhumaciones, que estará compuesta íntegramente por funcionarios de la Administración autonómica y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, no ofrece un a asociaciones de memoria, como lo establecía el Decreto de Memoria Histórica", afirma.

La norma podría "obstaculizar el acceso a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas"

También hace referencia el informe de la ONU a que el artículo 4.4 de la proposición de ley establece que los proyectos de investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas deben "respetar (…) la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo", por lo que la aplicación de este artículo, a juicio de los relatores de la ONU, "podría obstaculizar el acceso a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a las desapariciones forzadas".

Finalmente, se apunta que la futura Ley de Concordia "no reconoce las subvenciones para actividades de memoria histórica que actualmente pueden otorgarse a asociaciones sin fines de lucro". Según el informe, la norma impulsada por PP y Vox en la Comunidad "invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas".

Además, en el documento se detalla que la proposición de ley "no facilitaría la participación ni otorgaría un a organizaciones de víctimas e instituciones de la sociedad civil o académicas en el trabajo de la Comisión de Exhumaciones, y no reconoce el otorgamiento de subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la memoria histórica". 

También se considera que "se podría obstaculizar con ello el derecho a la verdad por parte de víctimas y de la sociedad civil respecto del destino y paradero de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a las desapariciones forzadas, el cual debe ser respetado sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales". Una serie de motivaciones que han llevado a los relatores de la ONU que han elaborado el informe a considerar que la Ley de Concordia de Castilla y León podría vulnerar la legislación internacional en materia de derechos humanos.