27 de diciembre de 2022. El Gobierno aprueba el proyecto de “Ley del Cine y de la `Cultura Audiovisual”. La antigua es de 2007, cuando no existían plataformas, el mercado de DVD funcionaba como un tiro, los influencers no existían y Zapatero decía que España estaba en la Champions League de la economía mundial.

Después llegó todo lo demás, la crisis económica, el IVA del 21% a los cines, la intensa fiscalización del Gobierno de Rajoy al sector, la piratería masiva online, el auge del streaming, la pandemia y las dificultades de los cines, que siguen sin recuperar todo el público perdido anterior al confinamiento (para ser exactos, la asistencia fue en 2023, un 24% inferior al período 2015-2019). Y a todas estas, el cine español sigue en una cuota de un 16,4%, que no es para tirar cohetes.

El proyecto de ley de 2022 nunca se aprobó. Y eso que la propia Comisión Europea denunció a España en el Tribunal Europeo de Estrasburgo porque tendría que haber estado resuelto antes de septiembre de 2020. Pero el PSOE perdió las municipales en mayo de 2023, adelantó las elecciones generales, se quedó en suspenso y aunque las ganó sigue en el limbo. Según fuentes del sector, su tramitación es inminente. 

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Mucho de lo importante, de hecho, ya se marcó en la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada en mayo de 2022, que también afecta al cine y puso en pie de guerra a los productores independientes porque consideran que favorece a los grandes operadores (Mediaset, Atresmedia, Movistar+ o Netflix) pero estos tampoco se quedaron contentos porque les obliga a producir en lenguas cooficiales. La gran incógnita de la nueva ley, y la madre de todas las batallas es, en cualquier caso, la definición de "productor independiente". 

El pasado diciembre, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tuvo su primera reunión con los productores para reimpulsarlo. Hombre aplicado, en el sector se reconoce que se ha tomado la molestia de volver a escuchar a todo el mundo antes de presentar una nueva propuesta, que en su detalle final ahora mismo es un misterio.

En último término, a pesar del ruido habitual, la ley no introduce ningún cambio dramático (la filosofía y fundamentos de las ayudas es la misma, marcada por la Unión Europea) pero sí contendrá, previsiblemente, algunas novedades que son más salomónicas que consensuadas porque con casi nada está contento todo el mundo (o sea, productores, distribuidores y exhibidores que son los principales jugadores).

El productor independiente

Es la madre del cordero y de todas las batallas. Desde 2004, el Gobierno obliga a las televisiones (Mediaset, Atresmedia y Movistar+) a invertir un 5% de sus ingresos totales en cine, una imposición que recurrieron en los tribunales y que como es de esperar, nunca les ha gustado.

Esa ley, también les obliga a producir esas películas (que son casi todas las comerciales que se hacen en España salvando la parte de TVE, que suele apoyar proyectos de tipo más autoral) con “productoras independientes”, con la finalidad de impulsar el tejido industrial y que no inviertan ese 5% en sus propias compañías subsidiarias.

La ley del cine de 2007 echaba un capote a los grandes operadores al establecer que podía considerarse “productor independiente” a cualquier empresa en la que la participación de esos grandes conglomerados no superara el 20%, lo cual no se han cansado de denunciar los “productores independientes” no las hace precisamente, tan “independientes”.

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El peliagudo asunto cambió de manera drástica antes de la propia Ley del cine cuando, en mayo de 2022, se dio luz verde en el Congreso a una “Ley de Comunicación Audiovisual general” que sin ser específica de cine, contiene disposiciones que afectan de manera profunda al cine como el propio cambio en esa dichosa definición de “productor independiente”.

Por una parte, parece que se atiende a las peticiones de los productores independientes porque se prohíbe que Atresmedia y Mediaset continúen produciendo a través de empresas de las que pueden poseer hasta un 19%. Por la otra, se permite a sus productoras trabajar con otro gran operador. O sea, una compañía participada por Atresmedia ya no podría hacer películas con la propia Atresmedia pero sí con Mediaset o Netflix, con lo cual queda claro que el apaño entre los jugadores más poderosos está asegurado.

Todo ello, debido a un cambio que parece irrelevante, pero es crucial, en el redactado de una sola palabra: de “un” a “dicho”, porque antes una compañía participada por un gran conglomerado no podía hacer sus películas con “un” operador, o sea con cualquiera, y ahora con “dicho operador”, o sea, con él mismo.

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El cambio supuso un gran escándalo. Durante el pasado Festival de Cannes, a pocos días de la tramitación en el Congreso, la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes leyó un comunicado en el que alertaba de manera dramática de que la ley puede suponer “el final de una industria floreciente y estratégica para el país poniendo en riesgo nuestra diversidad cultural”.

Por este motivo, el PSOE logró aprobarla in extremis gracias a la abstención del PP y sin el apoyo de Podemos, ERC y Bildu, sus socios, y eso que aumenta la obligación de producir en lenguas cooficiales como reclamaban con insistencia.

Dicho todo esto, los productores han batallado en los últimos meses en el despacho de Urtasun para que el “dicho” de la ley se vuelva a convertir en “un” y las productoras independientes sean, según ellos, verdaderamente independientes. El grupo parlamentario del ministro Urtasun, Podemos en su momento, abandonó al PSOE por este motivo en la ley Audiovisual pero la fuerza de Atresmedia y Mrediaset es, obviamente, grande.

La cuota del cine europeo, del 25 al 20 por ciento

Los cines españoles están obligados por ley a exhibir un 25% de las películas de origen europeo o iberoamericano. Es una imposición que no gusta nada a los propios exhibidores, que a través de FECE (la organización que agrupa a las grandes cadenas como Yelmo, Cinesa y Kinepolis) ha convertido la supresión de esa cuota en uno de sus principales caballos de batalla.

Los distribuidores independientes, claro, reunidos en ADICINE, lo consideran, al contrario, una línea roja ya que argumentan que sin esa ley “solo habría producciones de Hollywood en muchos cines”. Se da también la circunstancia de que las distribuidoras americanas, para esquivar esa ley que existe en España y otros países europeos, con frecuencia clasifican como europeas a través de co-producciones minoritarias con Europa (véase el caso de la propia La sociedad de la nieve, que es un 90% estadounidense y un 10% española pero ha ganado el Goya o películas tan poco europeas como la saga Fast and Furious).

La ley de Iceta, con tono salomónico, rebajaba la cuota del 25 al 20 disgustando a ambos. Lo más probable, es que esa decisión no cambie. Como es habitual, un modelo soñado en este caso sería el francés, donde el Gobierno no establece cuotas, sino que premia a los cines con ayudas proporcionales al número de películas europeas que proyectan.  

Ayudas a la producción, pocos cambios

El sistema español se basa en la distinción entre “ayudas generales”, para películas de tipo más comercial, y “selectivas”, para proyectos de tipo más autoral y más complicada rentabilidad. Las primeras tienen un máximo de 1,2 millones de euros (1,4 para animación) y las segundas de 800 mil. Eso, que es la base del sistema, y no cambiará salvo que se incluirán las series, hasta ahora vetadas. 

Sí habrá nuevas subvenciones para desarrollo de proyectos que no existen actualmente así como para “proyectos de investigación, creación de audiencias o alfabetización” a “laboratorios” y se reforzarán las ya existentes desde hace apenas un par de años a la distribución en el extranjero de películas españolas.

Dicen inspirarse en el “modelo francés”, que subvenciona directamente a distribuidoras de otros países, pero eso en España no es posible porque la ley prohíbe al Gobierno dar fondos a empresas no nacionales. Así que previsiblemente recibirán más dinero las agencias de venta internacionales, ya destinatarias de esas ayudas. 

Las ventanas

 División en la distribución y caballo de batalla de la exhibición. La ventana es el período de exclusividad que se arroga a los cines, que en España se negocia título por título dentro de la propia industria y no hay ninguna regla ni imposición legal. Actualmente, es perfectamente posible estrenar una película en Netflix y cines el mismo día o con tres semanas de diferencia, como sucedió en diciembre con La sociedad de la nieve, que Yelmo y Cinesa se negaron a estrenar por ese motivo.

Las majors, o sea, Warner, Universal y Disney, están totalmente en contra de regular la ventana y entre las distribuidoras independientes, en ADICINE señalan que “no hay una opinión clara en la asociación”. 

Quienes lo tienen clarísimo son los de FECE, la patronal de cines, que reclama que sea de 100 días y además de defender su propio legítimo interés, claro, también aducen que sirve para “ordenar el sector” y “no crear confusión en el espectador”. Por este motivo, los carteles de las películas incluyen ahora la frase “solo en cines” ya que es indiscutible que mucha gente no sabe distinguir exactamente si los contenidos que se promocionan son de plataforma o salas.

Lenguas cooficiales

En este aspecto, lo más importante ya viene marcado por esa Ley de Comunicación Audiovisual ya aprobada que no ha gustado nada a Mediaset, Atresmedia y Movistar+ ya que les obliga a reservar al menos un 15% de la producción en lenguas cooficiales “teniendo en cuenta su peso poblacional”. 

El problema, según los productores de esas grandes compañías, es que no encuentran proyectos. “No hay mercado, ni de oferta ni de demanda, en lenguas como el valenciano o el gallego. Y en aranés ni te cuento”, ha dicho Jaime Ortiz, director general de Atresmedia.

“No hay proyectos suficientes”, remató Ismael Calleja de Movistar. Como ya sucede ahora, la nueva ley del cine seguirá concediendo algunas ventajas a la hora de tener subvención en lenguas cooficiales y no afectará a esa imposición a los grandes jugadores.

El Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual

Una vieja, y lógica, reclamación del sector es que se cree un órgano independiente audiovisual que no dependa de los cambios de Gobierno como sucede con el ICAA. La respuesta del Ministerio es la creación de un “Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual” de nombre pomposo cuyo fin sería “favorecer una mayor colaboración público-privada; para evaluar las políticas públicas; para desarrollar un Plan de Fomento de la Alfabetización en Cultura Cinematográfica y Audiovisual y de Creación de Audiencias; e impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias”.

Suena bien pero el problema, según voces del sector, es que al ser de carácter meramente consultivo, corre el serio riesgo de quedarse en poco más que un objeto de decoración, inútil ejercicio de buena voluntad.

La calificación de películas

Actualmente, un comité del ICAA decide las recomendaciones por edades de las películas (que son “apta para todos los públicos” y desaconsejada para menores de 7, 12 y 16 años). Según el nuevo sistema, serán las propias distribuidoras las que califiquen por edades los títulos y su decisión solo podría ser impugnada a posteriori, cuando la película ya se ha estrenado.

Los distribuidores independientes consideran que solo beneficia a las producciones de Hollywood y que desatará el caos. Al parecer, en Italia ya cambiaron el antigua sistema por la autorregulación y no les funciona porque provoca constantes conflictos y demandas. 

Más apoyo al Patrimonio 

Se salda una eterna deuda pendiente. La Filmoteca Española se calificará como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que refuerza su protección institucional, se clarifica también su “labor de protección y difusión” y se crean nuevas ayudas para la “conservación del patrimonio audiovisual”.